El Tratado de Lisboa, en vigor desde hoy, supone un paso más hacia el proyecto federal europeo - El objetivo es una UE más eficaz, coherente y democrática
ANDREU MISSÉ - Bruselas - 01/12/2009
Tras ocho años de tropiezos y dificultades, Europa logra finalmente poner en pie un nuevo modelo de organización política y jurídica que supone un avance hacia su proyecto federal. La idea de crear una Unión "más democrática, transparente y eficaz" acordada por los jefes de Estado o de Gobierno en la Declaración de Laeken (Bruselas) en diciembre de 2001 ha cristalizado en el Tratado de Lisboa que hoy entra en vigor.
El presidente y el alto representante son las dos nuevas caras de la Unión
La estrategia propuesta en Laeken era más ambiciosa y abogaba por una simplificación de los tratados y una Constitución para todos los europeos. Tras 15 meses de trabajo, la Convención aprobó en julio de 2003 un proyecto de Constitución. El proyecto, no obstante, sufrió un revés insuperable en 2005 cuando los ciudadanos de Francia y Holanda lo rechazaron en referéndum. Fue una sacudida que hundió el proyecto europeo en un profundo desconcierto durante dos años.
En junio de 2007, el Consejo Europeo acordó las disposiciones necesarias para redactar el llamado Tratado de Reforma, para sustituir al proyecto de la Constitución que nunca llegó a nacer. El texto que, a pesar de ser prácticamente ininteligible por los profanos, recogía la esencia de la Constitución, fue aprobado en Lisboa en octubre de 2007.
Pero de nuevo fue en su proceso de ratificación por los ciudadanos cuando también descarriló el tratado, al ser rechazado por los irlandeses en referéndum en junio de 2008. Nuevas concesiones facilitaron que Irlanda pudiera aprobar el tratado en una segunda votación el pasado octubre. Cuando nadie podía imaginar un nuevo traspié, el euroescéptico presidente checo, Václav Klaus, metió la última zancadilla, negándose a firmarlo si no obtenía garantías que impidieran posibles reivindicaciones de los alemanes expulsados de los Sudetes. Nuevas concesiones nada sustanciales facilitaron que finalmente accediese a su firma. Finalmente, Europa cuenta con el Tratado de Lisboa, que recoge el 95% de la Constitución, según han reconocido numerosos juristas europeos.
Los fracasos cada vez que se ha realizado una consulta a los ciudadanos revelan el déficit democrático del proyecto europeo. Este déficit es un indicador del "fracaso de los Gobiernos en crear un debate constructivo sobre Europa", como señala Jürgen Habermas. El filósofo alemán lamenta en su obra Europe, The Faltering Project que el espacio público europeo es campo de debate para las élites, pero en el que los ciudadanos no se ven implicados.
A pesar de sus deficiencias, el proyecto europeo se ha convertido en un modelo de referencia. El presidente Barack Obama se ha inspirado en Europa para la reforma sanitaria en EE UU. En Asia, América Latina y África, el modelo de integración europea gana adeptos. El objetivo de Lisboa es conseguir que la Unión sea más efectiva, más coherente y más democrática. Las innovaciones más destacadas son las siguientes:
- Presidente permanente. La Unión tendrá un presidente por un mandato de dos años y medio prorrogables. El primero en ocupar ese cargo será el democristiano belga Herman Van Rompuy, de 61 años, cuyo mandato empezará el 1 de enero. Presidirá el Consejo Europeo, formado por los líderes de los Veintisiete, donde ejercerá una autoridad moral y buscará consensos. Representará a la UE a nivel de jefes de Estado o de Gobierno.
- Alto representante para la Política Exterior. Este puesto ya existente ha sido reforzado al conceder a su titular un considerable presupuesto y un equipo de 2.000 a 3.000 diplomáticos que constituirán el Servicio Europeo de Acción Exterior, que estará bajo su dirección. Su titular a partir de hoy es la laborista británica Catherine Ashton, que sustituye a Javier Solana, quien ha construido los cimientos de la política exterior de la Unión. Ashton será mandataria en el Consejo y en la Comisión Europea, de la que será vicepresidenta. Dirigirá la política exterior y de seguridad común de la Unión y presidirá el Consejo de Asuntos Exteriores.
- Más poderes para el Parlamento Europeo. El Parlamento se convierte en colegislador prácticamente en igualdad con el Consejo, donde están representados los Estados. Los eurodiputados tendrán más poder al decidir sobre asuntos en los que hasta ahora no tenían competencias, como la aprobación del presupuesto, gasto agrícola, justicia e interior.
- Más eficiencia en la toma de decisiones. El tratado extiende la adopción de acuerdos por mayoría cualificada del Consejo a más de 40 materias, sustituyendo la paralizante exigencia de unanimidad actual. En estos casos, el Parlamento actuará como colegislador. Esto afecta a políticas actuales como visados, asilo, inmigración legal, cooperación judicial en asuntos penales, medidas financieras y fondos estructurales. También se adoptarán por codecisión nuevas políticas, como energía, deportes, servicios de interés económico general, salud pública, política espacial, investigación y turismo.
- Sistema de voto más democrático. A partir de 2014 entrará progresivamente en vigor el sistema de voto de doble mayoría. Para que una decisión pueda aprobarse será necesario el voto favorable de al menos el 55% de los Estados (15 de 27) y al menos el 65% de la población. La minoría de bloqueo deberá comprender al menos cuatro Estados. Actualmente, para la mayoría cualificada del Consejo se tiene en cuenta el voto ponderado de cada Estado, que va de 27 a 3 votos, en función de su dimensión.
- Mayor participación de los Parlamentos nacionales. Las Cámaras nacionales dispondrán de ocho semanas, dos más que ahora, para analizar las normas que quiera aprobar la Unión Europea. Si se opone un tercio de Parlamentos (un cuarto en temas de justicia e interior), la Comisión Europea deberá revisar la propuesta. Si se oponen más de la mitad de los Parlamentos, entonces la mayoría de la Eurocámara o el 55% de los votos del Consejo decidirán si continúa o no el proceso.
- Carta de Derechos Fundamentales. Tiene el mismo valor jurídico que los tratados. Afecta a las instituciones de la UE y a los Estados sólo cuando se aplica el derecho comunitario. Reino Unido, Polonia, Irlanda y República Checa han logrado excepciones.
- Iniciativa popular para los ciudadanos. Un millón de ciudadanos podrán dirigirse a la Comisión para que presente una iniciativa legislativa determinada sobre una materia que sea competencia de la UE.
- Más competencias para el Tribunal de Justicia de la UE.
En cooperación policial y judicial, en materia penal, la competencia del Tribunal de Justicia para pronunciarse con carácter prejudicial pasa a ser obligatoria y no está supeditada a una declaración de cada Estado que reconozca dicha competencia. En cuanto a visados, asilo e inmigración, todos los órganos jurisdiccionales nacionales pueden plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia, que se podrá pronunciar sobre las medidas de orden público sobre controles fronterizos. Por otra parte, se flexibilizan los requisitos de admisión de los recursos interpuestos por las personas físicas o jurídicas contra las decisiones de las instituciones y organismos de la UE.
